Parques eólicos se levantan en tierras indígenas

Transnacionales engañan a campesinos y pagan precios irrisorios por terrenos.

Karen Trejo
14/08/2008

El proyecto del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec, en el sureste del país, ha provocado el despojo masivo de la tierra y de los recursos naturales de centenares de campesinos y campesinas indígenas de Oaxaca, por medio de la firma de contratos de arrendamiento de sus tierras hasta por 60 años de vigencia, que están siendo avalados por los tres niveles del gobierno mexicano junto con empresas trasnacionales españolas, francesas y estadunidenses.

La mayoría de los afectados —que por la desinformación fueron manipulados para entregar sus tierras— son personas como Faustina López Martínez, Aurora de los Santos Martínez, Anastasio Martínez Ruiz y Alonso Rasgado Martín, indígenas de la región que rebasan los 60 años y además no hablan castellano.

López Martínez, originaria de la localidad de Juchitán, afirma que “las empresas no la han apoyado nada”, porque le habían prometido apoyos agrícolas y no han cumplido. En sus terrenos, donde antes sembraba maíz que comercializaba para su subsistencia, la empresa española Unión FENOSA instalará molinos de viento para la generación de energía eólica durante los próximos 30 años, con posibilidad de extender ese periodo al doble. A cambio, ella recibirá 150 pesos (menos de US$15) anuales por la renta de cada una de sus 3 Ha de tierra.

La mayor aflicción para Santos Martínez, de 78 años, es que cuando finalice el contrato de 30 años que firmó con Unión FENOSA, “yo ya no voy a estar viva para heredarle en vida a mis hijos”.

Javier Balderas, director del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, con sede en Tehuantepec, señala que el proyecto de construcción de parques eólicos en el Istmo que está siendo impuesto a los pueblos originarios por medio del despojo de sus tierras, es parte de la estrategia del Plan Puebla Panamá (PPP), ambicioso paquete de integración y desarrollo lanzado en el 2001, cuyo objetivo es vincular los nueve estados del sur y sureste de México con Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Derechos indígenas violados
Según Balderas, el gobierno mexicano viola el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al negar a los indígenas de Tehuantepec el derecho a la consulta para determinar si serían perjudicados antes de emprender cualquier programa de explotación de los recursos existentes en sus tierras, además de impedirles el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de sus recursos naturales.

Bajo estos argumentos, un equipo de abogados de organizaciones de derechos humanos de Oaxaca y Ciudad de México ha presentado ante un juez civil de la región una demanda de anulación de al menos 185 contratos de arrendamiento de tierras en el Istmo de Tehuantepec para la construcción de parques eólicos, impulsados por empresas trasnacionales principalmente de capital español (Iberdrola, Endesa, Preneal, Gamesa y Unión FENOSA).

Dichas empresas argumentan que operan en México con el respaldo de un convenio firmado con la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, dirigido a alentar el desarrollo a través de una gran inversión de capital hacia la región del Istmo para generar empleos.

Eduardo Zenteno, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, arroja datos que parecen desmentir tal versión.

“En los próximos tres años, las compañías invertirán $3 millardos en Oaxaca en el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec de la siguiente manera: 78% será invertido en la compra de los aerogeneradores, 14% en el sistema eléctrico, 6% en obra civil y 2% en varios”. Añade que además la energía eléctrica producida será vendida a empresas como las cadenas de tiendas Wal-Mart y Soriana, y Coca Cola, Pepsi Cola y Cemex.

De hecho, la razón por la cual las trasnacionales llegaron al Istmo de Tehuantepec es porque se trata de un lugar geográficamente estratégico para la construcción de parques eólicos. De acuerdo con el Atlas de Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca, investigación auspiciada en el 2004 por el Departamento de Energía de EEUU y la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), “las mejores áreas del recurso eólico de Oaxaca se concentran en el Istmo y el recurso más alto se presenta en las colinas (incluyendo La Mata y La Venta), cordilleras y en la costa”.

En el ejido de La Venta, municipio de Juchitán, se construyó en el 2003 el Parque Eólico La Venta II, el más grande en la región, con 98 molinos de viento instalados en 800 Ha. La Venta es una comunidad indígena rural que carece de los servicios básicos y periódicamente el gobierno estatal envía médicos y abogados para que atiendan y orienten a la población.

Balderas explica que esta es la clara evidencia de que el modelo empresarial de las trasnacionales no está generando desarrollo ni abriendo fuentes de empleo para las comunidades del Istmo. Ejemplifica que durante la construcción del parque eólico La Venta II, que duró tres meses, se contrató a 200 trabajadores de la región y actualmente sólo se emplea a tres personas: dos para el servicio de limpieza y una secretaria.

Tierras comunales no se arriendan
A diferencia con lo que sucede en La Venta, donde no hay autoridades agrarias que velen por las tierras de los comuneros, en la comunidad de Santiago Niltepec, ubicada al este del Istmo de Tehuantepec, el temor a un despojo masivo de tierras ha impedido que campesinos pacten contratos de arrendamiento con Unión FENOSA.

José Santiago Ramírez, secretario del Comisariado de Bienes Comunales de Santiago Niltepec, dice que la trasnacional española ofreció a los campesinos contratos por 30 años y pagos de 1,000 a 1,200 pesos ($98 a $117) por la renta anual de cada hectárea. Sin embargo, ninguna empresa puede pactar directamente con el dueño de un terreno debido a que el 95% de la tierra en la población es comunal.

Para el secretario técnico del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Marco Antonio Velásquez, el caso del Istmo no es aislado, tomando en cuenta que en Acapulco, Jalisco y Nayarit hay resistencia social a la construcción de represas que generarían miles de desplazados.

“No se trata de unas pocas empresas que malévolamente quieren despojar a las comunidades. Se trata de una política aplicada deliberadamente en complicidad con los gobiernos municipales, estatales y del gobierno panista [del Partido Acción Nacional (PAN)] federal que ha usurpado el poder con la clara intención, con la clara protección de las corporaciones transnacionales para llevar adelante sus negocios”, dice.

En respuesta, explicó que la RMALC celebró en julio pasado el Cuarto Foro Mesoamericano con el objetivo de “articular los movimientos de resistencia social en toda la región y de iniciar una campaña nacional de información para prevenir a otras organizaciones que pueden ser engañadas por las trasnacionales”. —Noticias Aliadas.